Miguel Sánchez-Ostiz. Terreno minado

Quien logre hacerse con el gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona con propósitos de cambio no lo va a tener nada fácil. Los que es posible que tengan que irse de una vez están demostrando tener muy mal perder. No aceptan que el poder que ellos han ocupado durante demasiados años pueda ser ejercido por sus adversarios políticos en representación de una ciudadanía sometida, más que gobernada, y hastiada de su políticas sociales y económicas, y urbanísticas. Las dietas indecorosas que cobraron de la CAN que es un buen emblema de cómo han hecho las cosas y también las obras faraónicas que para nada sirven y suponen una seria hipoteca económica. Quienes han ocupado el poder hasta ahora mismo no han gobernado para todos los ciudadanos, sino para la clase social que representan y en defensa de los intereses de esta. En consecuencia van a dejar el terreno minado y el futuro hipotecado, algo que sin duda descubrirán de inmediato los que lleguen con voluntad de cambio… y no solo en Navarra. Esa es una sombra generalizada. Van a jugar sucio, ya lo están haciendo.

No va a ser fácil enmendar años de caciquismo, de arbitrariedades, de secretismo y mala fe gubernamental. Para muestra un botón: los planes urbanísticos aprobados a última hora o la indecente actuación con el convenio con el Estado, en detrimento de la autonomía navarra, la que dicen defender, mientras dejan que sus socios madrileños la socaven. Es del dominio público. Poner en práctica nuevos programas va a chocar con la rémora y la inercia de años y más años de mal gobierno.

No me sorprende que Kontuz haya pedido una auditoria del gobierno de la Barcina y sus secuaces. Pero esto no es solo en Navarra, sino en todos los lugares donde el Partido Popular puede perder el poder municipal y autonómico, se estén ahora mismo destruyendo documentos o no.

La concejala Caballero se permitió el lujo de insultar a Pablo Iglesias, pensando sin duda que todo le está permitido, muy en la línea de Esperanza Aguirre. Porque insulto es acusar de bajeza moral a alguien para rebajar una apuesta política mayoritaria. Ella no es quien para repartir diplomas de moralidad, salvo que se sienta imbuida por una especial gracia de incierto origen. No lo es, diga lo que diga y se ponga como se ponga. Iglesias le ha contestado de manera dura utilizando palabras que están en la calle y que ellos ya habrán tenido ocasión de oír y de leer. Los de UPN se encampanan y amenazan con querellas.

Habría que señalar que UPN y su Gobierno han sido socios políticos del Partido Popular, sin duda el partido más notoriamente corrupto de la historia de España, ahora mismo repudiado por el colectivo de Jueces para la Democracia como el Gobierno más nefasto de nuestra historia reciente. Pues bien, jamás se les ha oído una sola palabra referida a esa corrupción manifiesta que tiene conmocionado a un país entero o cuando menos a todos los que no votan a Rajoy y a sus secuaces. No son casos aislados, forma parte de un clima político, del que ellos, como socios que han sido, se han beneficiado en el terreno político.

La concejala Caballero ejemplifica bien el estado de cosas, el de las dos medidas, las que sirven a quienes detentan el poder y las que se aplican a todos los demás. Para mí, poderoso de turno, todo me está permitido, puedo decir lo que me venga en gana y tú estás obligado a callar si no quieres que eche mano del aparato judicial, y tienes que condenar el terrorismo a mi dictado, donde y cuando y con quien yo quiera, lo que es un abuso manifiesto.

Ahora, con documentos destruidos y hechos confetis y serpentinas o con querellas e insultos, y los que vendrán, porque esta gente tiene mal perder, queda por delante una tarea de verdad importante: ganar las generales, desbancarlos definitivamente del gobierno efectivo del país, tirar abajo esta pintoresca dictadura parlamentaria que ha montado el Partido Popular y que vamos a padecer en serio en los próximos mes cuando entre en vigor la ley mordaza y veamos nuestra libertad de expresión coaccionada y nuestros derechos civiles recortados; y junto a ella toda una batería de leyes que no tienen otro objetivo que consolidar el estado autoritario y el régimen policiaco, del que los que han gobernado Navarra han formado parte de manera plena.
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